Desde hace más de un año hemos estado buscando una solución al problema que tenemos con la entrada de perros de cazadores al Santuario, incluso mostrándolo a través de vídeos en directo en la página de facebook del Santuario, perros que entraban en la propiedad privada y que perseguían a las cabras y ovejas poniendo en riesgo sus vidas.
Para buscar una solución a este problema, solicitamos al ayuntamiento de Camprodon que mediara entre nosotros y los cazadores. Tuvimos dos reuniones, la primera el ayuntamiento y nosotros solos, y la segunda el 13 de enero con el alcalde, el representante de la sociedad de caza de Camprodon y un representante del departamento de ganadería. En esta última reunión se llegó a la conclusión de que la mejor manera de garantizar la seguridad y evitar el conflicto sería vallar el Santuario, ya que la otra solución que propusieron fue la de enviarnos un mensaje vía whatsapp cada vez que cazaran alrededor del Santuario, a pesar de que nosotros lo que proponíamos era un perímetro de seguridad alrededor del Santuario, como tienen otros refugios y santuarios, incluso tenemos un ejemplo muy cerca, en Molló, del que la Generalitat de Catalunya nos ha confirmado que tienen un perímetro de seguridad alrededor de sus instalaciones donde no se puede disparar.
A pesar de nuestras peticiones, sucedió la desgracia de la muerte de Nadia, lo que ya veníamos advirtiendo que pasaría. Como todas las reuniones anteriores no habían servido para nada, decidimos lanzar una campaña de recogida de firmas (change.org/santuariosseguros) y organizar una concentración pacífica en Camprodon, para pedir que se nos concediera este perímetro de seguridad. Después de todo esto, el ayuntamiento no se ha manifestado ni tampoco la Generalitat, haciendo caso omiso a nuestra petición.
No solo no hemos recibido ningún tipo de apoyo por parte de la Administración pública, sino que estamos sufriendo por parte de la misma un trato desigual, sometiéndonos a continuas inspecciones (cuatro en menos de seis meses) para intentar encontrar algo a lo que aferrarse y así quitarnos la licencia de actividades, o que nos hartemos y nos vayamos del pueblo.
Hemos recibido una carta sin fecha, firmada por el alcalde de Camprodon indicando que el día 19 de mayo se realizaría una inspección en nuestras instalaciones, basándose en una presunta denuncia formulada por el seprona, cuando en realidad era simplemente un Acta. Nos pusimos en comunicación con el seprona y este servicio manifestó que no ha interpuesto ninguna denuncia sobre el Santuario, en todo caso, debido a una queja presentada por la asociación de cazadores, el seprona realizó una inspección en nuestras instalaciones. En el acta del seprona se especifica que las posibles irregularidades encontradas quedan referidas a la no tenencia de núcleo zoológico, algo a lo que no estamos obligados por ley, y por la tenencia de un jabalí, Sonia, una bebe que apareció atropellada y fue acogida por nosotros en cumplimiento de la ley de protección animal, al no tener la Generalitat centros de recuperación para ellos. Ambas cuestiones son competencia de la Generalitat de Catalunya, que ya manifestó que el Santuario dispone de todos los permisos necesarios a nivel autonómico.
También se realizó una inspección en nuestras instalaciones en noviembre de 2016 por el alcalde de Camprodon y el regidor de urbanismo. Y en Enero de 2017 otra inspección por los agentes rurales, sin que se levantara ningún acta ni se abriera ningún expediente. Por tanto, se han realizado inspecciones por parte de la Guardia Civil, los agentes rurales, el alcalde y el regidor de urbanismo, sin que se haya abierto ningún expediente.
Por todo esto solicitamos el asesoramiento de los abogados de la comisión de derecho animal del Ilustre Colegio de Abogados de Girona y Barcelona, que se desplazaron hasta el Santuario para realizar asistencia letrada en la inspección.
Las letradas señora Yolanda Valbuena y señora Eva Díaz, realizaron durante toda la semana diversas llamadas telefónicas al ayuntamiento de Camprodon y remitieron varios correos electrónicos al Ayuntamiento, para avisar que los técnicos viniesen a la hora que ellas estuvieran para garantizar nuestra asistencia jurídica y derecho a la defensa, ningún correo electrónico fue contestado. El mismo día de la inspección se volvieron a realizar varias llamadas por las representantes de la Comisión de Barcelona y Girona, y tanto la administrativa como la secretaria del alcalde, fueron informadas de la asistencia jurídica y dijeron que avisarían a los técnicos, que no había ningún problema porque los técnicos tenían que realizar más inspecciones urbanísticas por la zona, ya que es una zona donde hay muchas edificaciones ilegales.
Ante nuestro asombro, los técnicos se presentaron y manifestaron que nadie les había avisado de que las abogadas vendrían unos minutos más tarde, y además dijeron que no tenían ninguna inspección más por la zona. Les pedimos que esperaran a nuestras abogadas, pero no quisieron y se fueron, negándonos el derecho a tener asistencia letrada.
Las abogadas se trasladaron al ayuntamiento para entregar una instancia pidiendo una reunión urgente con el alcalde para aclarar, que en la notificación de la inspección no constan las razones de la misma, lo que vulnera el derecho a la defensa y para que cesen de manera definitiva las inspecciones y el acoso a Santuario Gaia, y se dediquen a inspeccionar las irregularidades a nivel bienestar animal y urbanísticas que otros colectivos tienen y nunca han sido inspeccionados. El mismo viernes, en el Ayuntamiento, las abogadas solicitaron una reunión con el alcalde (que no estaba) con el secretario del Ayuntamiento (que no estaba) con el regidor de urbanismo (que no estaba), con el gerente del ayuntamiento (que no estaba) y finalmente las atendió el regidor de gobernación (que no sabía nada). Y a día de hoy aún no hemos recibido ninguna respuesta.
Como se quedó en la reunión de enero con el alcalde, y los otros representantes, debíamos vallar el Santuario, aunque ya lo está con 4 hilos de pastor eléctrico, donde el hilo más bajo está a una distancia del suelo de 10 cm. El 20 de abril solicitamos la licencia de obras para poder vallar el Santuario, pagando el impuesto que ascendió a 2.088 euros y a día de hoy aún no hemos recibido ninguna respuesta.
También queremos aprovechar este comunicado, para desmentir las múltiples difamaciones y calumnias que se están realizando sobre el Santuario, como que nosotros hemos hecho un escrito llamando al boicot de los comercios de Camprodon, cuando se puede ver perfectamente por internet, las numerosas publicaciones que se han realizado promoviendo comercios éticos con los animales, y no solo de Camprodon, sino de toda la comarca del Ripollés. Además, siempre que hemos salido en algún medio de comunicación, cosa que suele suceder muy a menudo, hemos manifestado orgullosos que estamos en el municipio de Camprodon.
También se nos ha acusado de disparates como que lanzamos piedras a gente que pasa a caballo, incluso han dicho que hemos apedreado a un niño con discapacidad. En las redes hemos sufrido acoso, amenazas e incluso por nuestra orientación sexual. En varias ocasiones nos han advertido que tengamos cuidado porque nos van a disparar ya que tienen armas con objetivo de 3km de alcance.
Nosotros estamos muy orgullosos de la labor que realizamos, no recibimos ningún tipo de ayuda por parte de las administraciones como muchos aseguran. A pesar de que realizamos una labor social, ya que la Administración no tiene centros de recuperación de animales de granja maltratados, no obtenemos ninguna subvención por nada, solo la ayuda de particulares haciendo donativos o colaborando como socios o padrinos. Seguimos a rajatabla las normas del departamento de ganadería, cumpliendo todos los saneamientos, y aún más que eso, realizando cuarentenas y analíticas, aunque hayan llegado estos animales al santuario con todas las pruebas que exige el departamento de ganadería. Aclaramos esto porque también nos acusan de ser un foco de infección. Lo único que nosotros pedimos, es un perímetro de seguridad, no pedimos que nos ayuden en nada, solo que nos dejen tranquilos para seguir realizando nuestra labor, la de salvar vidas.
Tenían que haber llegado hace unas semanas al Santuario, cabras y ovejas de dos decomisos de Catalunya, y desde la administración han denegado el traslado a Santuario Gaia. ¿Qué ha pasado con esos animales? La Administración tiene la obligación de protegerlos, según el decreto 2/2008 de protección animal.
Es obvio el trato desigual que estamos sufriendo, la realización de numerosas inspecciones en tiempo récord hacia nosotros, cuando en casos de maltrato extremo y abandono por parte de otros ciudadanos, la mayoría de denuncias por maltrato o falta de bienestar animal acaban caducando en un cajón de la Administración Pública, y en cambio en nuestro caso que lo que hacemos es salvarles y darles una vida digna, existe una persecución absolutamente coordinada, entre representantes políticos y técnicos, que ya nos gustaría para los numerosos casos de maltrato que existen.
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